Santiago.– Ocho personas fueron sentenciadas a penas que oscilan entre tres y seis años de prisión tras admitir su participación en una red dedicada a la falsificación de documentos públicos y privados, desmantelada durante la denominada Operación Colibrí.
Las condenas fueron impuestas por el juez Job García Hurtado, del Segundo Juzgado de la Instrucción de Santiago, quien validó un procedimiento penal abreviado presentado por el Ministerio Público, luego de que los imputados aceptaran los hechos.
A Julio César Almonte Espinal, Luis Manuel Rodríguez, Fausto Merán, William Rodríguez Rodríguez, José Rosario Marte y Thomás Enmanuel Rojas se les impuso una pena de seis años de prisión; Yanuel Morales Rodríguez fue condenado a cinco años, mientras que José Carlos Montero recibió tres años.
De acuerdo con la acusación, la estructura criminal operaba en el entorno de la Junta Municipal Electoral de Santiago, donde tramitaba documentos falsificados que comprometían la seguridad jurídica nacional. Entre los documentos adulterados figuran actas de nacimiento, cédulas de identidad, títulos universitarios y de propiedad, licencias de conducir y permisos para porte de armas, los cuales eran comercializados tanto a dominicanos como a extranjeros.
La investigación fue encabezada por la Dirección General de Persecución, la Fiscalía de Santiago y el Ministerio Público adscrito a la Junta Central Electoral (JCE), con apoyo de agentes encubiertos de seguridad civil. La Consultoría Jurídica de la JCE y la Dicrim actuaron como querellantes.
El tribunal dispuso la suspensión parcial de las penas, tomando en cuenta el tiempo cumplido en prisión preventiva, e impuso reglas como mantener domicilio fijo, notificar cualquier cambio a las autoridades, abstenerse de actividades ilícitas y capacitarse para un trabajo lícito. El incumplimiento conllevaría el ingreso a prisión.
En el mismo proceso, otras cinco personas fueron enviadas a juicio, mientras el Ministerio Público presentó más de 800 pruebas, incluyendo equipos y materiales utilizados para la impresión ilegal de documentos oficiales.
Las autoridades calificaron los hechos como violaciones a varios artículos del Código Penal Dominicano y a la Ley 8-92 sobre Cédula de Identidad y Electoral, relacionados con asociación de malhechores y falsificación de documentos.
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