CAFÉ DIARIO, SANTO DOMINGO. – Varios representantes de las comunidades de Arroyo Vuelta, Laja, Las Tres Bocas, El Naranjo, El Rayo y El Higo han expresado su descontento y preocupación ante la presencia de efectivos del Ejército Nacional en sus localidades. Según denuncian, los soldados han sido desplegados para custodiar maquinaria pesada perteneciente a la minera Barrick Gold, lo que califican como un uso indebido y autoritario de la fuerza pública en favor de una empresa privada.
En los últimos días, la presencia de soldados y equipos militares para escoltar los trabajos de la minera ha generado un ambiente de tensión y hostilidad en la región. Los habitantes consideran esta intervención militar como un acto de intimidación y una violación de su derecho a la autonomía territorial. Los líderes comunitarios sostienen que, en lugar de proteger a la población, el Estado parece estar priorizando los intereses de una corporación sobre los derechos y la seguridad de los habitantes locales.
Demandas de las comunidades
Ante lo que consideran un atropello a sus derechos, los representantes de las comunidades afectadas han presentado las siguientes demandas al gobierno y a Barrick Gold:
- Retiro inmediato del Ejército de la zona: Los líderes exigen que se retiren las fuerzas militares para reducir la tensión y restaurar el respeto hacia las comunidades.
- Diálogo entre todas las partes: Solicitan un espacio de diálogo abierto entre las autoridades, la empresa minera y los ciudadanos afectados, en el que se prioricen los derechos humanos y la justicia social.
- Revisión de protocolos militares en contextos civiles: Proponen que se revisen las normativas sobre el uso del Ejército en zonas civiles, garantizando que siempre se actúe en defensa del interés público.
Un llamado a la sociedad civil y medios de comunicación
Las comunidades también han apelado a la sociedad civil y a los medios de comunicación para que se sumen a su denuncia, buscando visibilizar la situación. Según los residentes, el uso de las fuerzas armadas en apoyo a los intereses de una empresa privada vulnera su soberanía y sus derechos. Piden que el Estado mantenga su rol como garante de la paz, la seguridad y los derechos de todos sus ciudadanos, sin excepciones.
La situación ha suscitado un debate en torno al papel de las instituciones de seguridad pública y la necesidad de que estas actúen con imparcialidad, protegiendo a la ciudadanía y respetando los derechos y autonomía de las comunidades.
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