CAFÉ DIARIO, SANTO DOMINGO. – La empresa Aurix, liderada por José “Jochi” Gómez-Canaán, ha estado en el centro de una serie de investigaciones que involucran posibles irregularidades en la licitación de contratos públicos y sus relaciones con entidades del gobierno, especialmente el Ministerio de Defensa (MIDE). El allanamiento de las instalaciones de Aurix, junto con la detención de Jochi Gómez, ha generado un sinfín de preguntas sobre la transparencia en las operaciones de la empresa.
Las instalaciones de Aurix, ubicadas en un sector no especificado, fueron rodeadas por agentes de la Policía Nacional, algunos de ellos armados. Además, se observó la presencia de vehículos con logotipos del Ministerio de Defensa, lo que sugiere una colaboración estrecha entre ambas entidades. Sin embargo, las autoridades no han proporcionado detalles sobre los motivos específicos del allanamiento ni las evidencias que buscaban.
La Detención de Jochi Gómez: Irregularidades en la Licitación
Horas antes, Jochi Gómez fue detenido luego de ser interrogado por fiscales de la Procuraduría General de la República (PGR) sobre posibles irregularidades en la licitación para la modernización y gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo. Este proceso había favorecido a Aurix, lo que ha levantado sospechas sobre la transparencia del proceso. El abogado de Gómez, Juan Hirohito Reyes, confirmó la detención, aunque no ofreció mayores detalles.
Acuerdo Entre Aurix y el Ministerio de Defensa: Un Vínculo Polémico
El acuerdo entre Aurix y el Ministerio de Defensa fue firmado en junio de 2020, durante el gobierno de Danilo Medina, y especificaba que la empresa debía proporcionar servicios confidenciales relacionados con la seguridad nacional, incluyendo el suministro de un software para monitorear resultados de pruebas rápidas durante la pandemia de COVID-19. En virtud del acuerdo, Aurix debía operar bajo la supervisión del MIDE, que le proporcionaba los permisos y recursos necesarios, incluyendo acceso a capacidades militares y de inteligencia.
El 10 de septiembre de 2024, el Ministerio de Defensa rescindió este acuerdo debido a las investigaciones en curso, lo que ha generado inquietudes sobre la gestión de recursos públicos y las posibles irregularidades en las operaciones de la empresa.
Jiménez en el Ojo del Huracán: Condena por Difamación y Denuncias de Incriminación
A la controversia que rodea a Aurix se suman las recientes complicaciones legales de Aquiles Jiménez, director de operaciones de la empresa. La Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional lo condenó a tres meses de prisión por difamar al ministro de Vivienda, Carlos Bonilla. Jiménez había publicado en sus redes sociales una acusación que implicaba a Bonilla con un narcotraficante, lo que llevó a una querella judicial. El tribunal consideró que la publicación violaba el honor y el buen nombre del funcionario público.
Además, Jiménez denunció que, hace una semana, intentaron incriminarlo colocando drogas en su hogar. Según su versión, logró detener a los presuntos responsables, pero al llegar a la fiscalía, el fiscal actuó de manera inapropiada, permitiendo que los imputados quedaran en libertad. Jiménez también acusó al director del DNI (Dirección Nacional de Inteligencia), Luis Soto, de intentar apoderarse de los equipos de vigilancia de Aurix.
Desarrollo de la Investigación y Repercusiones
El allanamiento a Aurix, la detención de Jochi Gómez y las denuncias de Aquiles Jiménez marcan el inicio de una serie de investigaciones que buscan esclarecer posibles irregularidades en la licitación de contratos públicos, el vínculo de Aurix con el Ministerio de Defensa y las acusaciones de corrupción y difamación en el ámbito público. Las autoridades continúan recabando información para determinar si se cometieron irregularidades que afectaron los recursos públicos y la seguridad nacional.
Mientras tanto, la rescisión del contrato de Aurix con el Ministerio de Defensa y el impacto de las acusaciones sobre Jiménez abren un debate sobre la transparencia en la contratación pública y la posible colusión de funcionarios públicos con intereses privados. Las investigaciones siguen en marcha, y se espera que en las próximas semanas se den a conocer nuevos detalles que podrían cambiar el rumbo de este caso.
Este caso refleja no solo las complicaciones legales y políticas de los involucrados, sino también las implicaciones que podrían tener en la seguridad nacional y la confianza en las instituciones públicas.
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