CAFÉ DIARIO, SANTO DOMINGO.- Más eficiencia y menos presión al pueblo dominicano. Un Estado social de derecho y democrático como lo establece la constitución, es administrar con responsabilidad los recursos públicos y garantiza los derechos, oportunidades y bienestar en un país gestionando eficientemente sus recaudaciones y transformando los impuestos de la gente en servicios, seguridad, justicia y calidad de vida. PRIMERO AJUSTEMOS EL ESTADO, NO EL BOLSILLO DE LOS CIUDADANOS.
Leyendo un artículo del centro regional de estrategias sostenibles CREES del 22 de marzo 2026, donde habla de un sacrificio para los políticos que dirigen un gobierno es gastar menos. Incluso, liberar recursos para los miembros de los hogares y los emprendedores, para la ciudadanía. En el escenario de guerra actual, el sacrificio recaería, como se ha anunciado desde el Gobierno, sobre los ciudadanos. Los precios no deben manipularse y ser fieles a la realidad internacional. Sin embargo, los precios de los combustibles están distorsionados en el país. existen distorsiones por el cálculo del precio de paridad de importación, por los márgenes que pagan los consumidores y por los impuestos que le carga el Gobierno en cada galón a quienes compran hidrocarburos.
El gráfico que se encuentra en esta página es elocuente, cuando un ciudadano compra RD$1,000 pesos de gasolina, está pagando RD$316 de impuestos -31.6%. Cualquier ciudadano reflexionaría, con todo el sentido, por qué seguir gastando en subsidios y continuar evitando una reforma integral que pueda reducir gravámenes, entre ellos los selectivos a los combustibles. En lo que va de año, específicamente hasta el 20 de marzo pasado, República Dominicana estaba entre los tres países de América Latina con el mayor aumento de esa forma de medir el incremento del costo de la deuda, o el riesgo percibido por los inversionistas. Aumentó en 23.0 por ciento. Para comparación, el indicador de riesgo país EMBI promedio para América Latina se redujo en 2.3% y el promedio mundial aumentó en 7.5 por ciento.
Leyendo este interesante artículo, considero que, en estas condiciones, endeudarse debe de ser la última alternativa. La prioridad debe de ser reducir el gasto publico improductivo, eliminar privilegios fiscales y corregir distorsiones estructurales como es castigar al que cumple, premiar la ineficiencia y de trasladar su costo al ciudadano común.
El verdadero sacrificio debe de empezar desde el estado y no en las familias, porque la crisis no se supera cobrando más, sino gobernando con responsabilidad, eficiencia y sentido de justicia en tiempo de incertidumbre, la manipulación de precios y los aumentos abusivos profundizan el impacto sobre los ciudadanos y deterioran la confianza económica. Desde lo planificado en la ley de gestión de riesgo para la atención de emergencias, la reducción y mitigación de riesgos impulsada desde una perspectiva de la planificación del desarrollo del territorio, económico y social, ¿qué se está haciendo realmente con el Fondo Nacional de Prevención y Mitigación creado por la Ley 147‑02?, y en qué medida estos fondos están siendo útiles no solo para enfrentar emergencias internas, de desastre naturales o factores sociales. Pregunta obligada ¿Estos fondos se podrían utilizar para compensar o reducir las repercusiones económicas y sociales derivadas de la guerra y la crisis internacional actual?
En este contexto, resulta imprescindible avanzar hacia una evaluación transparente, periódica y basada en resultados. Solo mediante una gestión estratégica, flexible y técnicamente sustentada será posible que estos recursos cumplan plenamente su propósito: no limitarse a la respuesta reactiva ante desastres, sino convertirse en una verdadera herramienta de anticipación, mitigación y protección social y económica frente a crisis cada vez más complejas, tanto internas como externas. Fortalecer la gobernanza del fondo, ampliar su visión de riesgo sistémico y asegurar su coherencia con la planificación del desarrollo permitirá consolidar una resiliencia financiera y territorial que proteja a la población, para asegurar estabilidad a largo plazo y siente bases firmes para un desarrollo sostenible e inclusivo.
MR.
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