CAFE DIARIO, SANTO DOMINGO.- El centro Regional de Estrategia Económica Sostenible, CREES en su último artículo sobre la evolución de la deuda pública dominicana, establece que esta continúa creciendo y, aunque para muchos pueda parecer una cifra distante reservada a economistas y funcionarios, sus efectos ya se sienten en la economía real. Según datos divulgados por el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), la deuda pública consolidada alcanzó los US$83,797.9 millones al cierre de junio de 2026, equivalente al 59.5% del Producto Interno Bruto (PIB).
Del total acumulado, US$67,370.7 millones corresponden al Sector Público No Financiero, mientras que US$16,427.2 millones pertenecen al Banco Central. La cifra refleja una tendencia ascendente respecto al nivel observado a una década atrás, cuando la deuda representaba aproximadamente el 53.2% del PIB.
Sin embargo, más allá de los números, la verdadera preocupación radica en las consecuencias que este endeudamiento puede generar para la actividad productiva, la inversión y la competitividad del país.
Cuando el Estado necesita financiar déficits, refinanciar vencimientos o cubrir mayores compromisos presupuestarios, inevitablemente acude a los mercados financieros en busca de recursos. Más deuda, más vulnerabilidad.
En un contexto global marcado por incertidumbre geopolítica, tensiones comerciales y condiciones financieras más restrictivas, la exposición al endeudamiento externo representa un factor de riesgo que debe ser monitoreado cuidadosamente.
Mientras más vulnerable se perciba la posición fiscal de un país, mayores serán las primas de riesgo exigidas por los inversionistas internacionales y cuando aumenta el riesgo país, el encarecimiento no afecta únicamente al Gobierno; también alcanza a las empresas que buscan financiamiento local o internacional.
A medida que aumentan los compromisos financieros del Estado, crece la presión para generar nuevos ingresos fiscales.
Históricamente, una parte importante de esos ajustes ha recaído sobre los contribuyentes formales, especialmente sobre las empresas que cumplen regularmente con sus obligaciones tributarias. Por ello, la sostenibilidad de las finanzas públicas se ha convertido en un tema central para el sector productivo.
Es la oportunidad: de revisar las exenciones fiscales, antes de pensar en nuevos impuestos o en más endeudamiento, el país dispone de una herramienta que merece mayor debate.
El Gasto tributario, según informe del Ministerio de Hacienda se proyecta que el denominado gasto tributario alcanzará aproximadamente RD$393,541.5 millones en 2026, equivalentes al 4.54% del PIB. En palabra llana esto trata de los ingresos que el Estado deja de percibir mediante exenciones, exoneraciones, incentivos y tratamientos fiscales especiales.
La mayor parte corresponde al ITBIS, seguido por el Impuesto sobre la Renta, impuestos patrimoniales, aranceles e hidrocarburos.
Los economistas coinciden en que muchas de estas exenciones cumplen funciones importantes para la inversión, el turismo, las exportaciones y determinados sectores estratégicos. Sin embargo, también reconocen que una parte significativa de estos incentivos necesita ser evaluada periódicamente para determinar si realmente genera los beneficios económicos y sociales que justifican su permanencia.
La discusión sobre los impuestos en el país suele centrarse en cómo recaudar más. Sin embargo, el desafío parece ser otro: cómo gastar mejor. La sostenibilidad financiera del Estado no puede depender indefinidamente de más deuda ni de aumentos recurrentes de impuestos.
Los países alcanzan un desarrollo sostenible cuando logran equilibrar el crecimiento económico con la responsabilidad fiscal, la planificación eficiente del gasto público, la seguridad jurídica y la fortaleza de sus instituciones. La República Dominicana ha demostrado durante décadas una notable capacidad para crecer y atraer inversión, consolidándose como una de las economías más dinámicas de la región; sin embargo, el gran desafío de esta etapa es transformar ese crecimiento en la viabilidad financiera del estado, reduciendo gradualmente la dependencia del endeudamiento y fortaleciendo la calidad del gasto público. La deuda pública no es una cifra abstracta reservada a los informes técnicos ni una preocupación exclusiva del Ministerio de Hacienda o del Banco Central; por el contrario, impacta directamente la inversión, el costo del financiamiento, la generación de empleos, la competitividad empresarial y la capacidad del Estado para responder a las necesidades sociales. Por ello, resulta imprescindible impulsar una gestión pública más eficiente, transparente y estratégica, capaz de preservar la confianza de los mercados, fomentar la inversión productiva y garantizar que el crecimiento económico se traduzca en estabilidad financiera, progreso social y bienestar perdurable para las presentes y futuras generaciones.
Necesitamos avanzar hacia un gran acuerdo nacional que combine una planificación rigurosa de la gestión financiera y operativa del estado, la eficiencia del gasto público, la evaluación técnica de las exenciones tributarias sustentada en un análisis costo-beneficio cuyo resultado favorezca al colectivo y el fortalecimiento de la actividad productiva.
La verdadera sostenibilidad de la República Dominicana no se alcanzará castigando con más impuestos a quienes ya cumplen, ni apelando al endeudamiento continuo para cubrir un gasto creciente. La clave reside en administrar con eficiencia: gastar mejor, endeudarse menos y consolidar un entorno donde el sector privado siga impulsando el crecimiento económico. La disciplina presupuestaria no frena el progreso; lo blinda, resguardando la soberanía financiera y protegiendo a las futuras generaciones. El reto no es la contracción del gasto, sino su calidad, garantizando que cada recurso del contribuyente genere valor real, competitividad y bienestar para toda la sociedad.
No Comments yet!