CAFÉ DIARIO, PUERTO PIRNCIPE.- Este martes se cumplen cinco años del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, a manos de un grupo de mercenarios en su residencia privada en la capital haitiana, lo que profundizó la crisis del país caribeño en todos los ámbitos.
Moïse fue asesinado el 7 de julio de 2021 en su residencia privada en Pétion-Ville, a las afueras de Puerto Príncipe, a manos de un grupo de mercenarios entre ellos 17 exmilitares colombianos, suceso por el hasta ahora han sido condenadas nueve personas en Estados Unidos.
Según documentos judiciales, la conspiración se fraguó entre febrero y julio de 2021 en el sur de Florida (EE.UU.), que funcionó como centro de planificación y financiamiento del complot para derrocar al mandatario haitiano y reemplazarlo por alguien alineado con los intereses políticos y económicos de los conspiradores.
La conspiración y el vacío institucional
Según documentos judiciales, la conspiración se fraguó entre febrero y julio de 2021 en el sur de Florida (EE.UU.), que funcionó como centro de planificación y financiamiento del complot para derrocar al mandatario haitiano y reemplazarlo por alguien alineado con los intereses políticos y económicos de los conspiradores.
Violencia de bandas y crisis humanitaria
El asesinato agravó la crisis de seguridad de Haití, donde unos años antes del magnicidio de Moïse empezaron a surgir y a consolidarse bandas armadas a causa de la crisis política y económica que atravesaba el país.
En los años que siguieron al magnicidio, las bandas criminales han llegado a dominar la mayor parte de Puerto Príncipe, ciudad que actualmente controlan en alrededor del 75 %, además de extenderse hasta los departamentos de Centro y Artibonito.
Desplazamiento y hambre en Haití
De una población de unos 12 millones de personas, alrededor de 6,4 millones necesitan ayuda humanitaria en Haití, que atraviesa «la crisis humanitaria más severa del hemisferio occidental y la tercera del mundo, después de Palestina y Sudán«, de acuerdo con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en su visita al país en junio.
La inseguridad causada por las bandas ha provocado que 1,5 millones de personas hayan sido desplazadas al interior del país. Además, alrededor de 6 millones de personas enfrentan inseguridad alimentaria severa.
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