N DIGITAL mayo 25, 2026
JAMUNDÍ, Colombia (AP) — Gladys Marín sólo tiene que cruzar la calle para llegar a la escuela donde el próximo domingo funcionarán los puestos de votación del pequeño poblado colombiano en el que vive, pero aún no sabe si lo hará. El miedo por su seguridad podría pesar más que su derecho a elegir al nuevo presidente.
Su casa y la escuela se ubican a menos de 100 metros de la estación de policía de Potrerito, un poblado rural del municipio de Jamundí —en el suroeste de Colombia— que ha sido blanco de ataques con explosivos lanzados desde drones presuntamente por una facción disidente de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron al acuerdo de paz firmado hace una década con el Estado.
La violencia parece haber suspendido la vida cotidiana en la zona. El pequeño taller de arreglo de motocicletas de Marín permanece abierto, pero casi no tiene clientes. La escuela cerró sus puertas a cientos de alumnos desde hace más de una semana tras uno de los ataques con drones y las casas aledañas a la estación de policía permanecen vacías y con los cimientos expuestos por los explosivos.
“El día, gracias a Dios, empieza bien porque uno se levanta, pero uno tiene que estar pendiente de lo que pasa… porque vivimos muy cerca de la estación de policía”, dijo Marín a The Associated Press Marín en el pórtico de su casa desde donde vigila el cielo con preocupación, especialmente por la seguridad de sus hijos de ocho y nueve años.
La cercanía de las elecciones presidenciales ha agudizado el riesgo para los pobladores. La Misión de Observación Electoral, conformada por organizaciones de la sociedad civil, calcula que 386 municipios —un tercio del país— son susceptibles de sufrir actos de violencia asociados a la presencia de grupos armados ilegales como las disidencias, la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), el cártel Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada de herencia paramilitar.
La Fundación Ideas para la Paz, un centro de pensamiento e investigación sobre el conflicto interno, calcula que en el país hay 27.000 personas en armas.
“Lo mejor que nos pudieran hacer es sacarnos los puestos de votación (de la zona rural) y poder votar en otros sitios, porque eso nos protege”, dijo a AP la defensora de derechos humanos de Jamundí, Lina Tabares.
Enjambre de drones
En Robles, el siguiente poblado de Jamundí, las calles que llevan a la estación de policía están bloqueadas por barricadas improvisadas. Los policías se atrincheran en garitas —refugios hechos con sacos de arena y tela negra— desde donde vigilan el cielo.
“Uno pasa (por la estación de policía) con esta zozobra mirando hacia arriba, que no vaya a encontrarse uno con una sorpresa“, lamentó Eucaris Zamora, quien desalojó su casa luego de que un cilindro bomba la impactó en octubre y la dejó parcialmente destruida. Desde entonces no concilia el sueño.
Las tropas del ejército y las estaciones policiales de Potrerito y Robles son “el muro de contención” que busca impedir que la disidencia avance hacia la zona urbana de Jamundí y luego a Cali, la capital del departamento, dijo a AP el secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca, Guillermo Londoño.
Los ilegales han buscado aumentar el daño con lanzamientos simultáneos de explosivos tipo “enjambre”, un cambio respecto de anteriores ataques en los que lanzaban bombas desde un dron y volvían a cargarlo para continuar atacando, agregó el funcionario.
Los drones modificados para lanzar explosivos han cambiado la dinámica del conflicto armado en Colombia y actualmente representan una de las mayores amenazas para la población civil y la fuerza pública, especialmente en los departamentos de Valle del Cauca —donde se ubica Jamundí—, su vecino Cauca; Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, y Bolívar, en el norte del país.
El Ministerio de Defensa informó que en 2025 hubo 333 ataques con drones frente a los 61 incidentes de ese tipo registrados en 2024. En tanto, el ejército ha registrado 107 ataques con drones que han cobrado la vida de dos militares en lo que va de este año.
Ante el avance de la ofensiva, la fuerza pública usa algunos inhibidores de drones que no han resultado suficientes y se prepara para adquirir un “escudo nacional anti-drones” con una inversión de 1,6 millones de dólares.
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