Santo Domingo. – Una auditoría interna de la Contraloría General de la República reveló una serie de irregularidades administrativas, financieras y operativas en el Ministerio de la Juventud durante la gestión de Rafael De Jesús Féliz García, confirmando y ampliando denuncias previas sobre becas, nóminas, contrataciones y uso de fondos públicos.
El informe, elaborado por la Contraloría y concluido el 1 de julio de 2025, abarcó el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2021 y el 31 de junio de 2024, e identifica 33 hallazgos, varios de ellos catalogados como críticos.
Fallas administrativas y financieras
La auditoría destaca que no se encontraron estados financieros oficiales para el período auditado, lo que impidió evaluar la gestión de más de RD$2,664 millones administrados por la institución, de los cuales RD$397 millones no están debidamente explicados.
Entre otros hallazgos, el informe señala que:
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Se detectaron ayudas directas por más de RD$71 millones sin una metodología clara de evaluación o aprobación.
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Se identificaron anomalías en programas de becas, con desembolsos mayores a RD$727 millones sin documentación completa.
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La nómina del ministerio mostró incrementos irregulares y falta de controles adecuados.
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Se efectuaron pagos sin soportes contables, incluyendo combustibles y mantenimiento de vehículos institucionales.
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Se detectaron inconsistencias en los registros de activos, como vehículos no registrados en los sistemas oficiales.
La auditoría también advierte sobre la ausencia de controles presupuestarios adecuados, con modificaciones y ejecuciones que no guardaron coherencia con los planes operativos anuales y sin documentación que respalde los cambios.
Antecedentes y contexto
Semanas antes de difundirse el informe, el programa investigativo N Investiga, producido por Nuria Piera, denunció supuestos esquemas de clientelismo político tanto en el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) como en el Ministerio de la Juventud, que la Contraloría identificó como solo “la punta del iceberg” de fallas más profundas.
Tras la divulgación de esas acusaciones, Rafael Féliz García negó públicamente cualquier exigencia de nombramientos o beneficios condicionados a apoyos políticos y se declaró dispuesto a que se realicen investigaciones oficiales exhaustivas.
Repercusiones y seguimiento
El informe auditor detecta que los señalamientos abarcan no solo aspectos operativos y financieros, sino también vulneraciones a controles transparentes de gestión pública, lo que podría abrir la puerta a investigaciones adicionales por parte de órganos especializados en corrupción administrativa.
La Contraloría concluye que los hallazgos requieren acciones correctivas y responsabilidades claras por parte de los organismos competentes para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.
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