CAFÉ DIARIO, SANTO DOMINGO. – Una preocupante tendencia ha comenzado a ganar espacio en la República Dominicana: el autosecuestro. Esta práctica, que consiste en fingir la propia desaparición para obtener dinero de familiares, parejas o amigos, se ha convertido en una nueva forma de extorsión, al amparo de un vacío legal que impide sancionar de forma clara a quienes la cometen.
A pesar del impacto emocional y operativo que generan estos casos, actualmente el Código Penal dominicano no contempla el autosecuestro como un tipo penal, lo que deja a las autoridades sin herramientas para procesar a los implicados. Así lo advirtió el abogado Luis Hernan Matos, quien calificó esta laguna jurídica como un riesgo para la seguridad y la confianza ciudadana.
“Los casos de autosecuestro están aumentando, y los legisladores deben prestar atención a esta realidad para tipificarla adecuadamente y castigar a quienes incurren en estas acciones”, señaló Matos.
Entre los ejemplos citados por el jurista figura el caso de Deysi Esperanza Hernández, una mujer de 70 años que, junto a cómplices, simuló su secuestro para exigir dos millones de pesos a su hija. Otros incidentes similares ocurrieron en Haina y San Francisco de Macorís, donde personas fingieron secuestros para intentar obtener hasta 800 mil dólares y 100 mil pesos respectivamente.
Un delito sin castigo
La Ley No. 583 sobre secuestro, vigente desde 1970, contempla sanciones de hasta 30 años para quienes priven a otros de su libertad utilizando violencia o engaño. Sin embargo, no establece penalidades para quienes simulan ser víctimas, lo que permite que estos casos terminen sin consecuencias legales.
En octubre de 2022, un tribunal otorgó libertad pura y simple a una mujer que fingió su secuestro para estafar a su hija con dos millones de pesos. La falta de legislación específica fue el principal obstáculo para su enjuiciamiento.
Una conducta con raíces sociales y psicológicas
Más allá del vacío legal, el autosecuestro también refleja una crisis social. Para la psicóloga Redelania Valdez, esta conducta puede estar asociada a trastornos de personalidad, problemas económicos no compartidos con el entorno familiar, e incluso a la necesidad de atención.
“Algunas personas buscan validar cuánto se preocupan los demás por ellos. Otras atraviesan situaciones financieras desesperadas y ven esta vía como una solución. Pero al final, esto genera enojo, desconfianza y un daño profundo en las relaciones personales”, explicó Valdez.
Casos recientes: mentiras con consecuencias reales
En las últimas semanas, la Policía Nacional ha reportado varios autosecuestros. Uno de ellos involucró a un hombre de 48 años que fingió estar secuestrado para exigir RD$17,000 a su madre, mientras consumía alcohol en un centro nocturno de Santo Domingo. La mujer, alarmada, transfirió parte del dinero antes de que las autoridades descubrieran el engaño.
Otro caso reciente ocurrió en La Vega, donde Camila Mercedes Hierro Jiménez simuló su desaparición para extorsionar a su pareja con RD$350,000. La investigación determinó que ella misma organizó el plan con el objetivo de resolver supuestas deudas personales.
Un fenómeno que erosiona la seguridad pública
El autosecuestro no solo representa una distorsión moral grave, sino que también consume tiempo y recursos de las fuerzas de seguridad, genera angustia en los familiares de los “falsos desaparecidos” y desvía la atención de quienes verdaderamente se encuentran en peligro.
“Fingir una desaparición por motivos económicos no es un juego ni una simple travesura. Es un acto que afecta profundamente a la sociedad y pone en jaque la capacidad de respuesta del sistema”, advirtió Matos.
Frente a esta realidad, expertos y autoridades coinciden en que urge una reforma legal que tipifique y sancione el autosecuestro. Además, se requiere mayor educación emocional, prevención social y fortalecimiento institucional para combatir este nuevo rostro del fraude y la manipulación.
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