CAFE DIARIO, SANTO DOMINGO.- El director del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (PROMESE/CAL), Adolfo Pérez, afirmó este viernes que garantizar el acceso a medicamentos esenciales debe ser una prioridad moral y política de los Estados, sin que esto implique desconocer la importancia de proteger la propiedad intelectual en el sector farmacéutico.
Durante su intervención en el Foro Académico de Propiedad Intelectual UASD 2025, organizado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Pérez ofreció la conferencia titulada “Equilibrio entre Propiedad Intelectual y Acceso a Medicamentos Esenciales”, en la que reflexionó sobre la necesidad de armonizar la innovación científica con el derecho a la salud desde un enfoque ético y de derechos humanos.
“La salud es un derecho fundamental que no puede depender del lugar donde uno haya nacido o del nivel de ingresos”, declaró el funcionario, al llamar a una revisión de las políticas públicas que regulan el acceso a tratamientos médicos, especialmente en contextos de alta desigualdad.
Pérez subrayó que no se trata de privilegiar un derecho sobre otro, sino de diseñar políticas que hagan posible la coexistencia equilibrada entre la protección de las patentes farmacéuticas y el deber del Estado de garantizar medicamentos accesibles y asequibles para la población.
“No está en debate la supremacía de ninguno de estos derechos —ni el derecho a la vida ni el derecho a la propiedad intelectual— sino el deber del Estado de garantizar el acceso a medicamentos para la gente”, puntualizó.
EL MERCADO NO BASTA, ADVIERTE PÉREZ
El director de PROMESE/CAL alertó que los mecanismos de mercado, por sí solos, no resuelven las brechas en el acceso a medicamentos, incluso en países desarrollados.
“Donde la mano invisible del mercado no funciona, debe intervenir la mano robusta del Estado para proteger los derechos de la gente”, afirmó.
Pérez reconoció los avances en investigación y desarrollo que han generado tratamientos innovadores, pero consideró inadmisible que estos resulten inalcanzables para sectores empobrecidos, lo que describió como una “paradoja moral”.
“El derecho a la salud debe ser garantizado por encima de todas las cosas, pero al mismo tiempo debemos garantizar el derecho a la propiedad intelectual. ¿Cómo hacer coexistir ambas cosas?”, cuestionó, invitando a repensar los marcos normativos del sistema farmacéutico global.
Finalmente, instó a priorizar políticas públicas centradas en la dignidad de las personas, sin renunciar a los incentivos a la innovación científica, y definió esta postura como una “decisión política orientada a resolver una necesidad ciudadana urgente”.
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