CAFÉ DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Senado de la República recibió dos proyectos legislativos impulsados por el Poder Ejecutivo que buscan reformar el marco jurídico sobre la libertad de expresión y regular el discurso de odio en la República Dominicana. Ambos proyectos, presentados el pasado 2 de mayo, han generado reacciones encontradas en distintos sectores de la sociedad.
El primer proyecto propone una modificación a la Ley 61-32 sobre Libertad de Expresión y Difusión del Pensamiento, adaptándola a los desafíos actuales ocasionados por los medios digitales. Sin embargo, ha sido objeto de críticas por parte del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), que entregó un análisis crítico al Senado, declarando la 'inconstitucionalidad e inconvencionalidad' de la pieza propuesta. Según Trajano Vidal Potentini, presidente del CARD, el proyecto vulnera principios esenciales para el ejercicio de la comunicación, tales como el secreto profesional, la no censura previa y el derecho a la reserva de fuentes informativas.
El segundo proyecto legislativo, elaborado por el senador de La Altagracia, Rafael Duluc, no modificaría la Ley 61-32, pero crearía una nueva normativa enfocada en prevenir, tipificar y sancionar el discurso de odio, definido como toda expresión oral, escrita, gráfica o digital que incite al odio, hostilidad o discriminación contra personas o grupos por motivos como raza, género, religión, orientación sexual, entre otros.
Las sanciones propuestas incluyen penas de prisión de uno a tres años y multas de hasta 50 salarios mínimos para quienes incurran en discurso de odio. Además, se contemplan agravantes para funcionarios públicos, docentes o líderes religiosos que inciten a la violencia, y se estipula la posibilidad de restringir el uso de redes sociales y plataformas digitales hasta por tres años para los infractores.
En cuanto a los derechos y garantías, el proyecto prevé medidas de reparación para las víctimas, incluyendo disculpas públicas, compensación económica y garantías de no repetición. Asimismo, se propone la creación de una unidad especializada en la persecución del discurso de odio bajo el Ministerio Público, capacitada en derechos humanos y tecnologías digitales.
Ambos proyectos están actualmente en proceso de revisión por parte de la comisión especial del Senado, que ha manifestado su disposición a realizar vistas públicas para obtener un consenso social en torno a las propuestas. No obstante, el debate sigue abierto en torno a los límites entre la regulación del discurso y la garantía constitucional de la libertad de expresión.
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