CAFÉ DIARIO, SANTO DOMINGO. – La reciente firma del presidente Luis Abinader de un decreto que califica a bandas criminales haitianas como organizaciones terroristas ha generado un fuerte debate entre juristas dominicanos, quienes cuestionan la legalidad y las posibles repercusiones de la medida.
El abogado penalista Cándido Simó se pronunció en contra de la disposición, argumentando que la definición de "terrorismo" no puede ser establecida de manera unilateral por un país, sino que debe estar respaldada por convenciones internacionales. “Eso es buscarse un pleito con quien no se está metiendo contigo, porque esos grupos armados están cometiendo actos violentos en su país, no en el nuestro”, señaló. Además, advirtió que el decreto podría tener implicaciones diplomáticas y afectar a ciudadanos dominicanos que viven o realizan negocios en Haití.
Por su parte, la penalista Laura Acosta afirmó que la medida carece de fundamento jurídico y que el presidente no tiene la autoridad para ordenar la persecución o arresto de personas sin una orden judicial. “El presidente no puede tomar decisiones unilaterales sobre la persecución de individuos. Esa es una competencia exclusiva del Ministerio Público y debe estar respaldada por un tribunal”, sostuvo. También cuestionó la activación del Consejo Nacional Antiterrorista mediante decreto, pues la Ley 267-08 ya contempla los mecanismos para sancionar el terrorismo.
El abogado Carlos Balcácer indicó que la clasificación de estos grupos como terroristas no necesariamente tendría efectos legales inmediatos en la República Dominicana, ya que la Ley 267-08 exige ciertos requisitos para tipificar un acto como terrorista, como el financiamiento de actividades del grupo y la intención de generar terror y alterar el orden público.
“Para que un acto sea clasificado como terrorismo en nuestra legislación, debe haber una organización con el propósito de alterar el orden y causar terror en la población, además de contar con respaldo financiero”, explicó Balcácer. Aunque se presume que algunas bandas haitianas podrían tener vínculos financieros en el país, hasta el momento no hay pruebas claras de que realicen actos terroristas en territorio dominicano.
La Ley 267-08 establece que el terrorismo es una amenaza grave para la democracia, la seguridad nacional y las relaciones internacionales. En ese sentido, algunos juristas consideran que el decreto de Abinader podría interpretarse como una declaración política más que una medida con consecuencias legales directas. Sin embargo, persisten dudas sobre sus posibles efectos en las relaciones con Haití y la comunidad internacional.
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