CAFÉ DIARIO, SANTO DOMINGO. – La palabra "vaqueo" ha sido adaptada en los barrios dominicanos para describir una práctica clandestina en la que jóvenes son ubicados estratégicamente a cambio de dinero con el fin de alertar sobre la presencia de autoridades en puntos de drogas. Se trata de una conjugación del verbo "vaquear", relacionado originalmente con la acción de "cubrir a las vacas".
Los "vaqueadores" han desarrollado diferentes métodos para evadir a las autoridades, desde la simple vigilancia en sitios programados hasta la implementación de tecnologías avanzadas. Recientemente, en la provincia de San José de Ocoa, un levantamiento realizado el 13 de febrero por organismos de inteligencia permitió la incautación de un sistema de vigilancia ilegal que utilizaba cámaras de seguridad instaladas en postes de luz y vías públicas.
El procurador fiscal titular de San José de Ocoa, Francis Valdez, confirmó el hallazgo y detalló la preocupante evolución de esta modalidad. "Ahora instalan cámaras en las vías públicas y les pagan a sus dueños con la finalidad de mantener vigiladas las calles y las entradas, y poder advertir la presencia de la autoridad", explicó.
Estas prácticas ilegales han sido vinculadas a individuos que participan en actividades delictivas, especialmente el narcotráfico. Las autoridades han reiterado que, si bien una persona puede instalar cámaras en su propiedad, la vigilancia de las vías públicas es competencia exclusiva del Estado.
El uso de tecnología para evadir la justicia no es un fenómeno nuevo. Un caso emblemático es el de José Luis Alvarado, alias "Chelo Regidor", acribillado en Galicia, España, y quien fuera identificado como líder de bandas en Los Alcarrizos. Investigaciones de las autoridades de Santo Domingo Oeste revelaron que su organización utilizó cámaras de seguridad instaladas ilegalmente para disuadir operativos policiales.
En una línea similar, el 5 de agosto de 2024, se ejecutó un operativo de desinstalación de cámaras de seguridad ilegales en el municipio de Sánchez, provincia Samaná. En aquella ocasión, el exministro de la Presidencia, Joel Santos, explicó que estos dispositivos fueron retirados por no contar con la aprobación del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad (9-1-1) y por su presunta relación con el crimen organizado.
Asimismo, en septiembre de 2021, la Operación Falcón reveló que una red criminal mantenía bajo constante vigilancia las entradas y salidas del municipio de Miches, en la provincia El Seibo. Con 26 puntos de monitoreo, los delincuentes controlaban el transporte de grandes cantidades de drogas y adquirieron propiedades estratégicas, como estaciones de gasolina y rutas de transporte.
Dada la cercanía entre San José de Ocoa y otras provincias del sur del país, este medio consultó a las autoridades fiscales de Bahoruco, Barahona y Peravia. Aunque estas no descartaron la existencia de la práctica, aseguraron que, por el momento, no tienen reportes oficiales sobre casos similares en sus demarcaciones.
Las autoridades continúan investigando y desmantelando estas redes de vigilancia ilegal con el objetivo de frenar su uso como herramienta de protección para el crimen organizado. Mientras tanto, la problemática del "vaqueo" sigue evolucionando, adaptándose a nuevas tecnologías y desafiando los esfuerzos de la justicia.
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